El referéndum fue financiado ‘deliberadamente’ con fondos públicos.

La juez Carmen Lamela destaca en su auto de prisión contra nueve exconsejeros del Gobierno catalán que la planificación, organización y celebración del referéndum del 1-O fue financiado “con fondos públicos” que fueron “deliberadamente” destinados para este propósito.

En el auto, Lamela recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional todas las partidas presupuestarias en las cuentas de la Generalidad en el caso de que se destinaran a la celebración del referéndum.

Pese a ello, señala, “los querellados han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito” al vulnerar la resolución del TC.

“Habiendo preordenado los gastos para la consumación de un acto delictivo, cabe afirmar que los gastos generados han sido deliberadamente y ab initio destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública“, precisa la magistrada.

Y añade que con esta actuación los exconsejeros se desviaron “deliberadamente del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial de la comunidad autónoma de la que eran responsables”.