El actual Estado Autonómico está siendo duramente criticado desde hace bastantes años.
El proyecto que inicialmente tenía por objetivo una descentralización del Estado para acercarlo al ciudadano ha fracasado.
Ha originado un conjunto de Leyes Autonómicas que rompen la igualdad de los ciudadanos, el mercado interno, la educación la sanidad, … con criterios basados en intereses partidistas.
Se ha convertido en algo más parecido a un conjunto de regiones feudales o semifeudales que contradicen la presunción de igualdad de los ciudadanos.
El único camino que vemos es que un Presidente elegido directamente por el pueblo proponga un proceso para garantizar la igualdad de los derechos de los ciudadanos manteniendo la independencia autonómica.
Este es otro ejemplo de que los partidos políticos, sometidos a las hipotecas para gobernar tienen las manos atadas.
Cualquier cambio en el actual Estado Autonómico implica un amplio consenso social y un sólido fundamento legal.
Lo que es absolutamente imprescindible es que el Estado recupera el control sobre competencias claves como es Sanidad, Educación, Interior, Justicia y Función Pública.
La crisis del Coronavirus ha mostrado la incapacidad del Ministerio de Sanidad.
El Estado no puede renunciar a sus obligaciones. Las puede delegar, pero no renunciar a su responsabilidad.
Por recuperar el control de la Sanidad entendemos que el Estado debe garantizar la Sanidad por igual a todos los ciudadanos.
No puede permitir que los presupuestos autonómicos en Sanidad dependan de la decisión de los responsables autonómicos.
Lo que se potencia es la inspección y el control.
Igualmente ocurre en Interior y Educación
No hay ninguna razón para suprimir a los Mozos de Escuadra o a la Ertzaintza.
Ni sus academias, pero no pueden ser fuerzas politizadas.
Un médico, un policía o un maestro son profesionales vocacionales y se les debe el respeto que merecen,
Pero deben trabajar con las mismas condiciones y medios en todo el Estado.
Y con los mismos fines.
Se debe supervisar los procesos de acceso a la Función Pública para garantizar la profesionalización homogénea de los funcionarios que permita su movilidad.
Lo que se modifican es el alcance de determinadas competencias, no las competencias en sí.
Lo que se potencia es la capacidad del Estado para controlar e inspeccionar estas competencias.
Es necesario derogar el artículo 148 de la Constitución que define las competencias de las futuras Comunidades Autónomas ya que las Comunidades Autónomas ya están constituidas y que considera que lo que no se ha definido como competencia del Estado puede ser competencia de las Comunidades Autónomas.
Es necesario detallar las competencias exclusivas del Estado en el artículo 149, añadiendo que determinadas competencias como educación, sanidad y seguridad entre otras ahora son competencia exclusiva del Estado, distinguiendo entre competencias exclusivas e indelegables, competencias exclusivas delegadas y competencias cedidas, sin que la delegación o la cesión menoscabe la responsabilidad del Estado y garantice la igualdad de los ciudadanos.
Se debe cerrar de una vez el mercado persa en que se ha convertido la subasta de competencias.
Para asegurar el consenso es necesario realizar un Referéndum que debe ser claro en su planteamiento y que de aprobarse fuerza a los partidos políticos a realizar el cambio constitucional.
La pregunta para someter a referéndum sería parecida a esta: ¿Está usted de acuerdo en iniciar un proceso de revisión y devolución de competencias de las autonomías?
Una vez realizado este referéndum y con una contestación positiva se procederá a negociar el alcance del cambio Constitucional
Posteriormente será necesario desarrollar una Ley Orgánica denominada Ley de Devolución de Competencias para legalizar la devolución de competencias estableciendo un plazo, del orden de 4 a 6 años.
Los cambios por realizar están detallados en el documento La cuestión autonómica y el procedimiento en ¿Es posible cambiar las autonomías?
Para que los ciudadanos puedan elegir libremente y exigir responsabilidades.
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José Manuel Millán Campos
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El Estado Autonómico, no esta co controlado y los abusos de poder de los cargos Públicos hacen un daño irreparable a los ciudadanos.
Es muy alarmante que los Partidos Políticos se presten a silenciar y tapar la corrupción Urbanística que afecta gravemente a los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución.
El libertinaje que hay en el Éstado de las Autonomías no funciona con los chiringuitos que se han montado los Cargos Publicos.