PROGRAMA. QUINTO PASO: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ESTADO

 

Es necesario una importante reducción del Estado.

A mediados de 2019 (último dato disponible) había en España 19.675 organismos públicos colgados del Estado, Autonomías, Ayuntamientos y Diputaciones.

Lo que significa que en España existe un organismo por cada 2.380 habitantes, muy lejos de la media europea.

Esta situación potencia la ineficacia y el derroche.

Esta maraña de organismos públicos no está justificada.

En lo referente al número de ministerios no se puede estar creando ministerios en función de cuotas de partido.

Se debe fijar un número razonable de ministerios inamovibles, no mayor de catorce.

Se debe limitar el número de consejeros de libre designación, que deben demostrar su competencia.

Las nuevas necesidades se engloban añadiendo competencias, no creando ministerios.

Su estructura debe estar profesionalizada.

En general el nivel de Director General será cubierto siempre por un funcionario de carrera mediante el cumplimiento de las condiciones que se impongan en la reforma de la Función Pública.

El Estado contaba después de la reforma del PP con 413 organismos públicos y en 2.019 ha vuelto a subir y cuenta con 451 organismos públicos.

Se debe plantear una reducción importante, como mínimo del 50%, para dejar en una primera etapa unos 300 los organismos públicos, refundiendo o eliminando a los no imprescindibles.

Es una promesa que todos los partidos han hecho pero que nunca se cubre por ser una cantera de empleo para enchufados.

Se debe limitar a la capacidad del Gobierno, de las Comunidades o de los Ayuntamientos para alterar la estructura de las empresas públicas que tengan justificada su existencia.

Los presidentes de las empresas públicas y fundaciones deben demostrar su competencia en el área de la empresa.

En lo referente a las comunidades autónomas es necesario reconsiderar el número de organismos y fundaciones públicas, que en 2.019 eran de 1.921,formadas por

13 organismos comerciales;

48 organismos autónomos;

48 entidades públicas empresariales;

150 entes públicos;

16 agencias;

445 consorcios;

546 fundaciones;

35 instituciones sin ánimo de lucro;

461 sociedades mercantiles;

48 universidades;

y 19 administraciones generales, incluyendo a Ceuta y Melilla.

Se ha pasado de los 1.735 organismos y fundaciones públicas en todo el Estado existentes antes de la crisis del 2.008 a 1.921 en 2.019. En un contexto de bajo empleo y crisis económica.

Destaca Cataluña que, según el inventario de Hacienda, ha pasado de tener poco más de 260 en 2.007 a 392 en 2.019.

En el último año, la Generalitat catalana contaba con 141 consorcios;

101 fundaciones;

62 sociedades mercantiles;

51 entes públicos;

21 organismos administrativos; 

7 universidades.

En un contexto de una deuda en continuo crecimiento.

Es necesario eliminar las 43 diputaciones modificando el punto 2 del artículo 141 de la constitución ya que su origen se basa que es el organismo necesario para la creación de las autonomías, pero una vez que las autonomías se han creado no tienen ninguna justificación.

Es necesario realizar una concentración de ayuntamientos para garantizar un mínimo de eficiencia.

Es necesario reconsiderar el tamaño mínimo de un ayuntamiento y administraciones locales para fijarlo en una primera etapa en un mínimo de 10.000 habitantes por absorción de ayuntamientos colindantes.

Las administraciones locales tienen 12.984 entidades principales y otros 4.301 entes dependientes.

De aquí la importancia de su reducción.

El objetivo es que en un futuro se fije el número de entidades locales en un número no superior a 2.000.

Es evidente es que España tiene un aparato administrativo público excesivo y atomizado, con duplicidades y triplicidades de servicios y Administraciones, ajeno a la competitividad exigida en una economía de libre mercado.

De esta inflación de entidades públicas no hablan los partidos, menos aún en sus pactos de Gobierno, ni figura en los programas electorales.

Siguen utilizando estos entes como agencias de auto colocación.

No hay que olvidar que el dinero público parece no tener dueño, ni nadie pide explicaciones.

Para que los ciudadanos puedan elegir libremente y exigir responsabilidades.

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José Manuel Millán Campos
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