La primera consideración que hay que hacer es qué la función pública no debe incluir actividades que no estén intrínsecamente relacionadas con la administración.
Turismo, comercio, ferias, deportes, cultura en general y otras similares no deben entrar dentro de la función pública.
Pueden ser perfectamente externalizados.
Una administración pública debe tener mecanismos expansivos y contractivos que permitan adaptarlo a la situación económica del país.
El concepto de funcionario protegido y fuertemente sindicalizado rechina en una situación de precariedad laboral e incertidumbre económica.
La administración pública española está sobredimensionada, es ineficiente y es costosísima lo que impide poder disponer de fondos para la creación de empleo.
Además de la ineficiencia el ciudadano ve un funcionamiento corrupto y enormemente politizado, en el cual un funcionario, que se siente dueño de su puesto puede retrasar o decidir expedientes simplemente por motivaciones políticas.
En otros casos el funcionario se considera el Estado y no colabora con el ciudadano, sino que se pone en un nivel superior y su palabra se transforma en ley que aplica de forma implacable con saña justiciera dañando los derechos de los administrados.
El primer obstáculo que hay que remover es el concepto de trabajo vitalicio motivado por un sistema de contratación pública, que implica un puesto hasta la edad de jubilación.
Para que los ciudadanos puedan elegir libremente y exigir responsabilidades.
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José Manuel Millán Campos
UDEC - Unidad de Centro
Secretario General
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No encuentro en su programa nada relacionado con propuestas sobre educación pública? Si llegan a la asamblea de Madrid, cuál será su postura?
En nuestro programa hemos destacado los 4 puntos importantes. Hay muchas cosas que hacer y al final los arboles no te dejan ver el bosque. Pero en Educación pensamos que hay que mantener la concertada, nos gustaría que los colegios bilingües tengan profesores nativos, no gustaría dignificar la etapa de guardería de 0 a 3 años con mejores sueldos y que sean considerados como parte del ciclo formativo.
Y se me olvidad lo de no a la ley Celaá
Los funcionarios de la administraciones publicas no cumplen sus funciones los abusos de poder y la corrupción urbanística es su prioridad. Lo cual afecta gravemente los dederechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos por la Constitucion.
Hay que regenerar las Instituciones públicas y dejarles muy claro a los funcionarios públicos que están al servicio de los ciudadanos.
No es posible que funcione un Gobierno que permite la corrupción unanistica y no respeta los bienes y derechos de los ciudadanos y es posible que sean muchos los ciudadanos afectados.
No queremos al Gobierno que tenemos.
No es merecedor de nuestra confianza.
Pedro Sánchez, el coletas y sus equipos DIMISIÓN.