EDITORIAL 24-11 Irregularidades en las elecciones presidenciales 2020 en E.E.U.U., posibles sanciones y la asignatura pendiente en España que debemos aprobar

 

Si hay algo que no podemos negar, nos guste o no Donald J. Trump, es que desde que asumió la presidencia de los E.E. U.U. en enero de 2016, recibió una oposición férrea, cuasi golpista, por parte del Partido Demócrata y de sus esbirros, los grupos mediáticos, que a golpe de propaganda goebbeliana han logrado crear una realidad a su medida.

Muchos fueron los envites que tuvo que sortear POTUS: la supuesta colusión rusa, la sospecha de corrupción con Ucrania, acusaciones de ser supremacista, machista y hasta un virus en forma de pandemia mundial.

El clímax de todos estos palos en la rueda llegó el día de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y madrugada del 4, en la que de repente el recuento de los votos se detuvo en varios estados simultáneamente, las gráficas a favor de Biden se dispararon vertiginosamente en vertical, y todo ello nos hizo pensar que comenzaba el espectáculo que el candidato demócrata Joe Biden había anunciado días antes con estas palabras: «Hemos organizado la red más extensiva e inclusiva de fraude electoral en la historia de la política americana».

Coincidentemente con este anuncio de Biden, a más de dos semanas del election day no dejan de llegarnos noticias sobre irregularidades de todo tipo: votos de personas fallecidas, boletas que llegan fuera de plazo, hallazgos de cajas con boletas a favor de Trump tiradas en contenedores de basura o quemadas, mayor cantidad de votos que población censada y lo que podría ser de más peso: los «glitches» y los «flips», anomalías informáticas gestionadas a través de servidores supuestamente localizados fuera de los Estados Unidos (Alemania, España, China), en los que se usaron programas de recuento electoral sospechosos como el de Smartmatic, diseñado y utilizado en Venezuela desde el gobierno de Chávez hasta la actualidad, vendido después a Argentina, Brasil, entre otros países, así como el de Dominion Voting Systems, propiedad de allegados muy directos de políticos del Partido Demócrata.

De demostrarse ante los órganos de justicia la interferencia maliciosa de personas o estados extranjeros en las elecciones estadounidenses, les serán aplicables las sanciones patrimoniales establecidas en la orden ejecutiva del 12 de septiembre de 2018: «sobre la imposición de ciertas sanciones en caso de interferencia extranjera en una elección en los Estados Unidos».

El ADN de empresario de Trump le hizo actuar de forma preventiva al redactar esta orden, para la que tuvo en cuenta las conclusiones del informe de inteligencia emitido por la Comisión Bipartidista del Senado (SSCI) de 3 de julio de 2017, en la que se investigaron «las actividades e intenciones de Rusia en las recientes elecciones estadounidenses» (las presidenciales de 2016), motivada por la denuncia hecha por los demócratas.

Aunque las conclusiones de dicho assessment confirman que no hubo manipulación de ningún gobierno extranjero en las elecciones, sí constatan que el uso de las nuevas tecnologías y dispositivos y a las comunicaciones por internet hacen muy vulnerables los procesos electorales.

Por otro lado, tuvo en cuenta la orden ejecutiva del 1 de abril de 2015, firmada por el anterior presidente Barack Obama, sobre el «Bloqueo de la propiedad de determinadas personas que participan en actividades maliciosas habilitadas por medios cibernéticos», la cual enmendó enfocando su objetivo en la manipulación de elecciones, en el marco de los delitos de amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior del país.

La orden ejecutiva establece un procedimiento informativo en el que involucra en primera instancia al Director de Inteligencia nacional (John Ratcliffe), y en posteriores etapas a los máximos jefes de todas las demás áreas de gobierno como son la Secretaría de Estado (Mike Pompeo), la Secretaría del Tesoro (Steven Mnuchin), la Secretaría de Defensa (Mark Esper), la Fiscalía General (William Barr) y la Secretaría de Seguridad Nacional (Chad Wolff), para poder definir en qué medida fueron afectadas las infraestructuras electorales y la seguridad nacional, y poder ejecutar así las medidas a las que por ley están habilitados: prisión y bloqueo de patrimonio (sanción que sería ejemplificante también en España), si es que no son condenados por traición a la nación, donde la pena sería la propia vida.

ESPAÑA TAMBIÉN ES TRAICIONADA

En las próximas semanas empezaremos a ver resultados de la «limpieza» del proceso electoral en EE. UU. (1), escándalo de fraude y traición a la voluntad popular que también fue perpetrado en España en las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019, y en las autonómicas de País Vasco y Galicia en julio de 2020 al no realizarse los respectivos Escrutinios Generales.

Tristemente los magistrados son los presuntos autores de este delito -dicho así por respeto al principio de presunción de inocencia -, por cuánto son los que presiden el acto, y deben garantizar el estricto cumplimiento de nuestra ley electoral que, en su Sección XV.

Escrutinio general, ordena que a partir del tercer día de las votaciones las Juntas Electorales de cada provincia, en un acto público, deben sumar manualmente y de forma ininterrumpida todas y cada una de las actas de votación. La Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET), a través de los vigilantes electorales que colaboran con ella, fue testigo y denunciante de este grave delito por omisión que, de probarse en sede judicial, desdibuja y pisotea los principios que defienden la voluntad soberana del pueblo, lo que nos coloca muy lejos de lo que significa vivir en una verdadera democracia.

Al programa de Indra utilizado en todas ellas no se lo ha denunciado ni investigado (por el momento) pese a la denuncia presentada en su día pero, gracias a la APET y a los pocos ciudadanos conscientes que se presentaron donde supuestamente se realizarían los escrutinios generales, tenemos la certeza de que, fuesen cuales fuesen los resultados que arrojó la maquinita, no hubo un solo recuento total en todo el país que los convirtiera en resultados definitivos.

Tanto en EE. UU. como en España somos los ciudadanos – We, the people – los que debemos defender en primera línea de acción nuestra soberanía, reconocida por la Constitución en su artículo 1.2 y no permitir que una banda de delincuentes, aunque vistan traje y toga, nos roben el Estado de Derecho.

(1) Proceso electoral en EE. UU. con fechas (*)
• 3 de noviembre de 2020 — Día de las elecciones –> los votos determinarán los electores de cada estado, seleccionados por el partido político del candidato ganador.
• De mediados de noviembre al 14 de diciembre de 2020: Después de la elección, el gobernador de cada estado preparará siete certificados de verificación (1 copia para el archivero) después de que se certifiquen los resultados de las elecciones en su estado.
• Para el 8 de diciembre de 2020 (al menos seis días antes de la reunión de los electores): los estados deberán resolver controversias sobre el nombramiento de sus electores para que sus votos electorales se presuman válidos cuando sean presentados al Congreso. Las decisiones de los tribunales de los Estados son concluyentes.
• 14 de diciembre de 2020: Los electores se reunirán en sus respectivos estados y votarán por presidente y vicepresidente en papeletas separadas, registrando sus votos en seis certificados de voto, que se emparejarán con los seis certificados de verificación preparados en la primera etapa. Los electores firmarán, sellarán y certificarán seis conjuntos de votos electorales. Un conjunto de votos electorales consta de un Certificado de verificación y un Certificado de voto.
• 23 de diciembre de 2020: Los votos electorales (los certificados de voto) deberán ser recibidos por el presidente del Senado y el Archivero a más tardar nueve días después de la reunión de los electores. Si no llegaran, el 3 de enero de 2021 o antes, el archivero deberá enviar juegos de copias de los certificados al Congreso.
• 6 de enero de 2021: el Congreso cuenta los votos electorales en sesión conjunta. Previa formulación de objeciones, el presidente del Senado luego declarará qué personas, si las hay, han sido elegidas presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Si ningún candidato presidencial gana al menos 270 votos electorales (una mayoría de los 538 votos disponibles) la Cámara de Representantes decide la elección presidencial, de acuerdo con la 12ª Enmienda a la Constitución
• 20 de enero de 2021 al mediodía: el presidente electo jurará el cargo.
* (Fuente: www.archive.gov/electoral-college)

Por Andrea Wagnest Garbiero,
miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Plataforma Elecciones Transparentes
(APET)

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