UNA NUEVA ESPAÑA

 

 

Solo pueden conseguir sus objetivos aquellos que tienen la capacidad para imaginarlos.

Nosotros nos imaginamos una España nueva, diferente, una España basada en la Sociedad Civil.
Para conseguir esa nueva España hay que realizar cambios en la Constitución y en nuestro concepto de sociedad.
El camino que proponemos es afrontar los problemas que tenemos estableciendo prioridades.
Hemos definido como la máxima prioridad afrontar los siguiente ocho puntos.

1.- ELECCIÓN DIRECTA DEL PRESIDENTE DE GOBIERNO

¿Cuál es el principal problema que arrastra España desde el principio de la Democracia?
¿Las autonomías?, ¿La corrupción?, ¿La Justicia?,¿La Ley Electoral? ….
No, evidentemente son problemas importantes que arrastramos desde hace mucho tiempo, pero que no se han arreglado.
Y la razón que ha impedido arreglar estos problemas es simplemente:

La forma de elegir al Presidente de Gobierno.

El Presidente de Gobierno y su Gobierno constituyen el Poder Ejecutivo.
Pero al Presidente lo eligen los diputados, que son el Poder Legislativo.
Y los diputados obedecen a sus partidos. Con la actual fórmula el Presidente es fruto de negociaciones entre los partidos.
Y gobiernan para los partidos. No gobiernan para nosotros.
Gobiernan para mantener el poder cueste lo que cueste.
Ya lo estamos viendo llevado a sus máximos extremos con el gobierno de Pedro Sánchez.
La independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es puesta en duda.
La historia nos demuestra que los Gobiernos elegidos por negociación han podido enfrentarse a muchos de estos problemas y no lo han hecho, han preferido garantizarse el poder a costa de no cumplir con su deber, que es gobernar por el bien común.
Incluso teniendo mayorías absolutas.
De hecho son los causantes de la politización de la justicia.
Por eso queremos que se cambie la forma de elegir al presidente para que sea elegido en unas Elecciones Presidenciales.
El método más rápido es realizarlo a dos vueltas 45 días después las Elecciones Generales, entre los dos candidatos designados por los partidos que han conseguido más diputados.
De esta forma cuando se vota a un presidente se conoce ya que alianzas promete.
A los partidos nacionalistas este procedimiento no les gusta porque tienen que decantarse por un candidato antes de las elecciones. Su posición de chantaje queda muy limitada.
Y obliga a que los votantes de las derechas y las izquierdas puedan conocer realmente a que votan.
El elegir a un presidente directamente por confiere a este la máxima legitimidad, cosa que hoy no ocurre.
Hay que cambiar el artículo 99 de la Constitución en la forman que se indica en el documento Elección directa del Presidente de Gobierno   donde se especifica la modificación a realizar y los cambios que esto implica en otros artículos, tales como la moción de censura, que ya no existe porque el Congreso de los Diputados deja de tener esa capacidad.
Solo con la legitimidad otorgada por ganar unas Elecciones Presidenciales se tiene el poder para realizar los cambios que necesita España.
Con la actual proliferación de partidos los Presidentes elegidos por los partidos serán unos Presidentes débiles cuya capacidad de acción estará limitada por las exigencias de los partidos que le apoyan.
Por tanto el único camino para resolver los problemas que tenemos en Justicia, Educación, Sanidad, autonomías, … es que alguien tenga la capacidad para hacerlo.
Elegir directamente al Presidente tiene ventajas.
Se puede establecer la limitación de mandatos, la incompatibilidad entre cargos de partido y presidente y un procedimiento revocatorio.
También tiene la ventaja de que se puede definir una estructura ministerial fija.
Lo que ha elegido el pueblo solo lo puede cambiar el pueblo mediante las leyes que lo permitan.
Se facilita la independencia del Ejecutivo y el Legislativo, cosa que ahora no existe.
Solo votando a un Presidente al que le damos el poder y la responsabilidad de cambiar los actuales problemas podemos exigir que los resuelva.

2.- EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL SENADO.

Las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado forman el Poder Legislativo.
Como resultado de cambio de la forma de elegir al Presidente de Gobierno cambian las competencias del Congreso de los Diputados y del Senado y la forma de disolución.
Las disoluciones del Congreso de los Diputados y del Senado solo se podrá hacer por sus respectivos Presidentes.
O por no cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, como no ponerse de acuerdo Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial.
Por bloqueo al no llegar a acuerdos en la cámara correspondiente.
Y para realizar una auténtica separación de poderes entre Poder Legislativo y Poder Judicial es necesario reducir la capacidad para elegir a miembros de Tribunal Constitucional o del Consejo General del poder Judicial.
Sus nuevas competencias están recogidas en la segunda parte del documento Elección directa del Presidente de Gobierno

3.- INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Los jueces y magistrados forman el Poder Judicial.
El cambio legislativo necesario para tener una justicia eficaz e independiente solo lo puede realizado un Presidente con la legitimidad, el poder y la responsabilidad otorgada por pueblo.
Todo lo que últimamente se ha hecho ha ido en la dirección contraria.
Los partidos nunca propondrán los cambios siguientes que consideramos imprescindibles.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá mayoría de miembros, 16 de 20, elegidos por los Jueces y Magistrados.
El Tribunal Supremo es competente para el recurso de Inconstitucionalidad.
El Tribunal Constitucional tendrá mayoría de miembros nombrados por los jueces, 10 de 12.
El Fiscal General lo nombra el Rey y lo propone el Consejo General del Poder Judicial, no el Gobierno.
Se amplias las competencias del Fiscal Anticorrupción a la Corrupción del Estado y de los Partidos Políticos.
La Cámaras se disolverán por dilación al elegir a los miembros del Consejo General de Poder Judicial o del Tribunal constitucional.
Estos cambios son imprescindibles para asegurar una independencia real de la Justicia.
El actual estado de un Consejo General del Poder Judicial, de un Tribunal Constitucional y de un Fiscal General controlados por del Gobierno es inaceptable.
El documento Una Justicia Independiente,  detalla las modificaciones en la Constitución y los cambios competenciales.

4.- REFORMA DEL ESTADO AUTONÓMICO

Cualquier cambio en el actual Estado Autonómico implica un amplio consenso social.
Lo que es absolutamente imprescindible es que el Estado recupera el control sobre competencias claves como es Sanidad, Educación, Interior, Justicia y Función Pública.
La crisis del Coronavirus ha mostrado la incapacidad del Ministerio de Sanidad.
El Estado no puede renunciar a sus obligaciones. Las puede delegar, pero no renunciar a su responsabilidad:
Por recuperar el control de la Sanidad entendemos que el Estado debe garantizar la sanidad por igual a todos los ciudadanos y no puede permitir que los presupuestos autonómicos en Sanidad dependan de la decisión de los responsables autonómicos. ÇLo que se potencia es la inspección y el control.
Igualmente ocurre en Interior.
No hay ninguna razón para suprimir a los Mozos de Escuadra o a la Ertzaintza.
Ni sus academias, pero no pueden ser fuerzas politizadas.
Un médico, un policía o un maestro son profesionales vocacionales y se les debe el respeto que merecen,
Pero deben trabajar con las mismas condiciones y medios en todo el Estado.
Lo que se modifican es el alcance de determinadas competencias, no las competencias en sí.
Es necesario detallar las competencias que debe controlar el Estado en el artículo 149 y se debe cerra de una vez la subasta de competencias
Se debe supervisar los procesos de acceso a la función pública para garantizar la Profesionalización homogénea de los funcionarios que permita su movilidad.
El único camino que vemos es que un Presidente proponga un proceso para garantizar la igualdad de los derechos de los ciudadanos manteniendo la independencia autonómica.
Para asegurar el consenso es necesario realizar un Referéndum que debe ser claro en su planteamiento y que de aprobarse fuerza a los partidos políticos a realizar el cambio constitucional.
Este es otro de las obligaciones que de no cumplirse en plazo podría implicar la disolución de la cámara correspondiente.
Será necesario desarrollar una Ley Orgánica denominada Ley de Devolución de Competencias.
para legalizar la devolución de competencias estableciendo un plazo razonable para poder realizar los cambios, del orden de 4 a 6 años.
Los cambios a realizar están detallados en el documento La cuestión autonómica y el procedimiento en ¿Es posible cambiar las autonomías?

5.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ESTADO.

Es necesario una importante reducción del Estado.
No se puede estar creando ministerios en función de cuotas de partido.
Se debe fijar un número razonable de ministerios inamovibles, no mayor de catorce.
Las nuevas necesidades se engloban añadiendo competencias, no creando ministerios.
La inestabilidad actual potencia la ineficacia y el derroche.
El nivel de Director General será cubierto siempre por un funcionario de carrera mediante el cumplimiento de las condiciones que se impongan en la reforma de la Función Pública.
Desaparecen las Diputaciones.
Concentración de ayuntamientos
Se limitará la capacidad del Gobierno para alterar la estructura de las empresas públicas.
Sus presidentes empresas públicas deben demostrar su competencia en el área de la empresa.
La coordinación entre Ministros y Directores Generales se realizará mediante Viceministros.
Se debe limitar el número de consejeros de libre designación, que deben demostrar su competencia.

6.- LEYES ELECTORALES

Elecciones presidenciales

La elección directa del Presidente de Gobierno se realizará en una votación específica.
Cada partido político, federación o coalición de partidos que hayan tenido como mínimo 50.000 votos en cualquiera de las Elecciones Generales celebradas en las 4 últimas Elecciones Generales podrán presentar un candidato a Presidente de Gobierno.
Una vez contabilizados los votos se realizará una segunda votación a los 45 días a los que solo se presentaran los dos candidatos que haya quedado en primer y segundo puesto.

Elecciones al Congreso de los Diputados y Senado

Es necesario cambiar la distribución de Diputados y Senadores.
Nuevo reparto de diputados en función de la población de cada provincia.
Senadores en función de la población.
Eliminación del mínimo de 4 y dejarlo en 2.
Desaparición de los senadores designados.
Elegidos en circunscripciones unipersonales.

Elecciones Municipales

Se propone Elección directa del Alcalde y la creación de un grupo de gobierno estable en votación separada.
Introducción al concejal de distrito.
Eliminación de las Diputaciones
Concentración de las poblaciones pequeñas en unidades con un mínimo de 10.000 habitantes.
Nuevas retribuciones a los concejales.
Sustitución de alcaldes por alcaldes pedáneos en las poblaciones absorbidas.
Los resultados de esta modificación se pueden ver en los documento Nueva Ley Electoral (2020),   Elección del SenadoElección del Alcalde.

7.- ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Adaptación del sector púbico a la realidad social.
Los ciudadanos exigen esta adaptación.
Ven funcionamiento ineficiente, rodeado de corrupción y ampliamente politizado.
Necesitamos contar con una función pública profesional con los mejores trabajadores posibles.
Desarrollar un sistema de carreras que seleccione, estimule y retenga el talento.
Hasta Director General debe ser funcionario de carrera.
Que premie la eficacia y de libertad de gestión asumiendo la responsabilidad.
Que potencie la innovación.
Complementar el acceso a la función pública con otras fórmulas tipo 3º turno o prácticas.
La formación y la evolución continua es necesaria para progresar en la carrera. La autoformación es imprescindible.
Se basa en el lema de que no se puede invertir en los que no quieran invertir en ellos mismos.
Las oposiciones o acceso deben da entrada a candidatos que representen a la sociedad actual más acostumbrada a nuevas tecnologías.
Nuevas formas de acceso. MIR para profesores

8.- IMPLANTAR LA VISIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Y todo esto desde la visión de la Sociedad Civil que se basa en el bienestar del ciudadano como fuente individual de derecho a través de su capacidad de elección, no a través de la clasificación del ciudadano como clase trabajadora (socialismo) o como mero consumidor/productor (liberalismo).

Un ejemplo sencillo de como se ve la realidad económica/fiscal desde nuestra óptica es la política de alquileres.

Para los socialismos la necesidad de disponer de una vivienda es un derecho de primer orden y para eso no dudan en asaltar la propiedad privada o penalizar al propietario.

Para los liberalismos la necesidad de una vivienda es una oportunidad de negocio y predomina el precio del mercado, y el Estado se ha beneficiado mediante impuestos de las transacciones comerciales.

Sin embargo para la Sociedad Civil el disponer de una vivienda es un factor de bienestar, por lo que se debe favorecer el mercado de vivienda mediante una política fiscal que limite la carga fiscal al propietario/promotor, a por ejemplo un 10%, para que realmente sea negocio construir viviendas para alquilar, a aquellos que no pueden comprar, a precios que sí puedan pagar.

Este cambio de paradigma es lo que diferencia a unos estados expropiadores o depredadores de un estado basado en la Sociedad Civil.

Queremos una España que no renuncie a su pasado, que sea parte de EUROPA pero que reivindique con orgullo su legado histórico en el mundo, y en particular en HISPANOAMÉRICA estrechando nuestros lazos con las patrias hermanas.

Y por último una España donde los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de educarse políticamente, separando la realidad de la fantasía y que tengan la capacidad de criticar a sus líderes.

Para que los ciudadanos puedan elegir libremente y exigir responsabilidades.

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José Manuel Millán Campos
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